La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un “migrante” como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas de su desplazamiento y la duración de su estancia1. El término migrante puede aplicarse indistintamente tanto al emigrante (aquella persona que se va de su tierra natal para instalarse en otra diferente) como al inmigrante (aquella persona que llega a una nueva tierra para establecerse en él). Un español que sale de España para ir a trabajar en Francia es un emigrante para quienes estamos en España, inmigrante para quienes están en Francia, migrante tanto para los franceses como para los españoles.
En los últimos años, la literatura disponible en esta materia opta por el uso del término “migrante”. No obstante, este término “migrante”, como cualquier otro vocablo que pretende ser inclusivo, no refleja los matices expresados en los términos “emigrante” e “inmigrante”. Veamos un ejemplo ilustrativo: los andaluces que se instalaron en Catalunya después de la victoria del General Franco son migrantes; los andaluces que se marcharon a Francia son también migrantes. Pero sus historias migratorias no tienen nada qué ver. Mientras unos tenían la nacionalidad española, los otros eran extranjeros en situación irregular. No podemos definir sus situaciones en términos parecidos porque en el matiz se esconde la experiencia dramática que acompaña al inmigrante, aquella persona que llega a un país para establecerse en él con el deseo de conseguir una vida mejor. Desde el punto de vista de España, por ejemplo, los emigrantes no tienen los mismos derechos que los inmigrantes. Mientras los emigrantes son ciudadanos españoles que viven en el extranjero, los inmigrantes son extranjeros que viven en España y necesitan de una autorización administrativa para residir y trabajar en España.
