Tenemos muchas instituciones políticas en España. 19 estatutos de autonomía, de los cuales 17 corresponden a las Comunidades Autónomas y 2 a las ciudades de Ceuta y Melilla. 50 provincias, más de 8.000 ayuntamientos. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica Vasca, Policía Autonómica Catalana y Policías Locales. Ejército de Tierra, Mar y Aire. No entiendo porqué hay quienes se sorprenden del elevado gasto del estado español.
No es raro encontrarse con una oficina custodiada por dos o tres cuerpos de seguridad: un policía, más un guardia civil, más un vigilante de seguridad. ¿Es necesario malgastar los recursos estatales de esta manera? Hace tiempo que no paso cerca del Palacio de Oriente en Madrid. Creo recordar que el palacio estaba custodiado al mismo tiempo por la Guardia Real, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y una brigada de bomberos.
La Casa Real, la Presidencia del Gobierno, las Presidencias de las Comunidades Autónomas. El Senado, el Congreso, las Asambleas autonómicas, las Diputaciones provinciales y los órganos municipales. Gran parte de estos “órganos” no hacen nada más que repetir lo que han hecho los otros. ¿Qué hace un diputado provincial? ¿Qué hace un diputado autonómico que no podría hacer un senador o un diputado nacional? ¿Es realmente necesario el Senado, cuando lo único que hace es dar visto bueno a lo que dice el Congreso? Si la disciplina del voto obliga a los diputados a votar lo que manda el partido, ¿para qué se necesita 350 diputados? Muchos gastos del estado español no tienen justificación.
Estoy de acuerdo con Felipe González cuando aboga por unificar los ayuntamientos y reducir el gasto público. No puede ser que haya varios cuerpos de policía, con sus correspondientes mandos, cuando se podría unificar y optimizar los recursos personales y materiales. El Estado español no puede soportar el gasto de tantos políticos que no se sabe muy bien a qué se dedican realmente: concejales en los ayuntamientos, diputados provinciales, diputados autonómicos, diputados nacionales y senadores. Por muchas reformas laborales que se haga, por muchos recortes en las inversiones públicas que se lleve a cabo, por tantos bandazos que se sigue haciendo, no se podrá equilibrar el gasto publico si no se revisa la función de la clase política y las instituciones creadas a su imagen y semejanza.
Me parece que lo más cómodo es cerrar el grifo de las becas, cortar la financiación a los investigadores, quitar las ayudas a los parados de larga duración, olvidarse de aquellos que tengan algún tipo de dependencia o discapacidad. Es indignante que el estado se gaste tanta pasta en las instituciones “innecesarias” y se dedique a marear a quienes solicitan una ayuda porque tienen un familiar con dependencia. Es indignante que unos pasen hambre mientras otros tienen tres sueldos y les parezcan normal. El que no se indigna es porque no quiere.
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